Vías clave del centro del país amanecieron bloqueadas este martes como consecuencia del paro minero indefinido convocado por pequeños mineros y campesinos de Boyacá. La protesta, que comenzó el lunes 4 de agosto, ha interrumpido la movilidad entre Bogotá y regiones como Santander, Casanare y la Costa Atlántica, generando caos vial, afectaciones al abastecimiento y un creciente clima de inconformidad social.
Los manifestantes exigen del Gobierno Nacional una revisión urgente de las políticas mineras, ambientales, tributarias y energéticas, argumentando que las actuales medidas están asfixiando a las economías locales sin ofrecer alternativas viables. Entre sus peticiones se encuentran la declaración del carbón térmico como mineral estratégico, el pago de deudas por parte de la empresa Gensa (que ascienden a 26.000 millones de pesos), y la reactivación de exportaciones hacia mercados como Israel.
Desde la madrugada, vías como la Ubaté–Simijaca, la glorieta del cementerio de Paipa y el corredor Bogotá–Tunja–Sogamoso registran bloqueos totales, afectando tanto al transporte de carga como al de pasajeros. Aunque los organizadores han garantizado el paso para ambulancias, adultos mayores y misiones médicas, la situación ha provocado represamientos y suspensión de rutas intermunicipales.
El Presidente Gustavo Petro, por su parte, defendió la posición del Gobierno sobre la protección de los páramos y reafirmó que “no se puede negociar la vida; el agua es más valiosa que el carbón”, en referencia a los ecosistemas estratégicos donde se prohíbe la explotación minera. Esta declaración ha generado una fuerte respuesta por parte de los líderes del paro, quienes calificaron sus palabras como provocadoras y desconectadas de la realidad territorial.
Además de los mineros, productores de papa, cebolla y leche también se han sumado al movimiento, denunciando el desplome de precios y la falta de garantías para la comercialización. En paralelo, comunidades de Cundinamarca adelantan protestas contra la empresa Enel por presuntos incumplimientos contractuales.
La protesta ocurre, además, en un contexto de desencanto político. Líderes gremiales recuerdan que en campaña, el hoy presidente prometió apoyo a los pequeños mineros, incluyendo la compra estatal de carbón para respaldar la transición energética. “Nos sentimos traicionados. No ha regresado ni un solo funcionario a cumplir lo prometido”, dijo Holman Pedraza, líder minero en Paipa.
En respuesta a las afectaciones del paro, el Presidente Petro trasladó la ceremonia del 7 de agosto conmemoración de la Batalla de Boyacá a Leticia (Amazonas), señalando razones geopolíticas y la necesidad de hacer presencia institucional en zonas fronterizas. Sin embargo, el cambio ha sido interpretado por algunos sectores como una evasión del conflicto social que estremece al corazón del país.
La protesta, calificada como indefinida, ha dejado claro que el sector minero y campesino exige ser parte activa en la discusión sobre el futuro energético de Colombia. Mientras no se sienten soluciones concretas en la mesa de negociación, la presión continuará desde las vías.
