La reciente entrega de Drogas La Rebaja al Estado colombiano marca el cierre de una historia que combina narcotráfico, poder económico y lucha judicial. Durante décadas, esta cadena de farmacias fue uno de los negocios fachada más importantes del Cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela y hoy pasa oficialmente a manos del Ministerio de Salud bajo la administración del presidente Gustavo Petro.
La decisión, anunciada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el ministro Guillermo Jaramillo, implica que el Gobierno asumirá el control de 880 establecimientos en todo el país. El objetivo es transformar a Drogas La Rebaja en un operador farmacéutico que facilite la distribución de medicamentos en zonas donde el acceso es limitado.
Sin embargo, el desafío no es menor. Administrar una red con esta magnitud no solo implica reorganizar su modelo de negocio, sino también cambiar la percepción pública de una empresa que durante años estuvo ligada al lavado de activos y al narcotráfico. El Estado tendrá que demostrar que puede convertir un símbolo de la mafia en un pilar de la política sanitaria nacional.
Más allá de los anuncios, la gran pregunta es ¿podrá el Gobierno Petro gestionar eficientemente una empresa con un pasado tan turbulento y con tanto peso en el mercado farmacéutico? Para muchos, esta podría ser una jugada estratégica para reforzar la reforma a la salud; para otros, un reto que pondrá a prueba la capacidad de gestión pública en un sector tan delicado como el acceso a medicamentos.

